Un tsunami llamado Odebrecht

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La reciente renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia de Perú, tras solo 19 meses en el cargo, volvió a dar primeras planas al escándalo Odebrecht en América Latina, aunque realmente éste nunca ha desaparecido del radar de los medios de comunicación. Con su renuncia, Kuczynski se convirtió en el político latinoamericano de más alto nivel en caer por el escándalo cuando aún ocupaba su cargo, aunque ha afectado a muchos más.

Recordemos brevemente qué es el caso Odebrecht: el letal escándalo protagonizado por la constructora brasileña, la más grande de América Latina. Inició en diciembre de 2016, cuando en el marco de la Operación Lava Jato, fiscales brasileños, suizos y estadounidenses revelaron, gracias a delaciones premiadas por parte de casi 80 ex empleados de la constructora, una amplia red de sobornos en 11 países latinoamericanos. En total, 788 millones de dólares en pagos ilícitos a docenas y docenas de políticos y funcionarios, a fin de ganar contratos en más de 100 proyectos en la región.

En el caso de Perú, las delaciones han involucrado a prácticamente todo el espectro político, dando la impresión de que ningún gran político peruano puede resistirse al dinero fácil: hay acusaciones de entrega de 1,2 millones de dólares a la líder opositora Keiko Fujimori; 700 mil dólares al expresidente Alejandro Toledo; 300 mil dólares al recién dimitido presidente Kuczynski, y tres millones de dólares al ex presidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia. Todos para la campaña electoral de 2011. Adicionalmente, 200 mil dólares para la campaña del expresidente Alan García en 2006, así como pagos en 2014 a la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Pero la situación de Perú no es singular. Las investigaciones han alcanzado una extensión y profundidad inusitada en Brasil, aunque sin duda el caso estelar es del ex presidente Luis Inacio Lula da Silva, al borde la cárcel.

En otros países hay algunos resultados apreciables: en Ecuador, el caso ya obligó a la renuncia de Jorge Glas a la Vicepresidencia y a su encarcelamiento, junto a algunos colaboradores y un familiar; en Guatemala, se ha detenido a ex funcionarios del gobierno del ex presidente Otto Pérez, así como al líder de la izquierda, Manuel Baldizón; en Colombia está acusado un ministro del ex presidente Uribe y se habla de que Odebrecht financió, entre otros casos, las campañas presidenciales de 2014 del actual mandatario, Juan Manuel Santos, y de su principal competidor, el uribista Óscar Iván Zuluaga, aunque sin avances en este rubro; en Panamá, está encarcelado un ministro del ex presidente Martinelli, e imputados los hijos de éste y diversos ex colaboradores, y hay acusaciones aún no formales sobre el actual presidente Juan Carlos Varela y sobre la campaña del ex presidente Martín Torrijos; en República Dominicana, en tanto, se ha encarcelado a varios funcionarios. Mientras, en Argentina, la causa avanza con dificultad por diferencias legales y problemas políticos. Y en Chile el proceso apenas inicia y no hay aún acusados.

En México, en claro contraste, el caso no avanza y más bien puede hablarse de un retroceso: las investigaciones contra un muy estrecho ex colaborador del presidente Peña Nieto están estancadas, mientras fueron obligados a renunciar los fiscales que investigaban el caso (que potencialmente llevaba a la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012). Por su parte, en el Congreso, el PRI (partido de Peña Nieto) ha obstaculizado las investigaciones. Por ahora, toda sanción ha recaído en la propia constructora, que ha sido inhabilitada para participar en contratos gubernamentales y en penas menores a funcionarios secundarios.

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